La Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe llevó a cabo la coordinación de una jornada de intercambio de conocimiento con otras provincias en la persecución penal del juego de azar ilícito.

Dicha jornada se realizó vía streaming y permitió el intercambio de experiencias con otras provincias en la determinación efectiva del delito en los procesos judiciales referidos al juego clandestino.

Del mismo participaron más de 40 funcionarios, agentes de los equipos de trabajo propios, de la Fiscalía de Estado, de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación y del Organismo de Investigaciones.

ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina) fue la entidad organizadora del encuentro, en el que, a través de las experiencias expuestas por los participantes, permitió un gran avance en la validación y enriquecimiento de los procesos penales de esta modalidad delictiva, los cuales son pasibles de sanciones con una pena mínima de entre 3 y 6 años de prisión efectiva, embargo y decomiso de los bienes incautados.

En este marco, es de suma importancia destacar, que estos hechos delictivos afectan directamente a la tarea primordial de la Loteria, que tiene como objetivo acercar los beneficios de su trabajo destinado a cubrir necesidades de Salud y Educacion entre otros.

El juego clandestino tiene consecuencias directas en la recaudación oficial y afecta la distribución de utilidades que mensualmente se destinan con aportes concretos a los distintos Ministerios de la provincia de Santa Fe, Municipalidades y Comunas.

Es por eso que el trabajo mancomunado de los distintos sectores se convierte en una herramienta valiosa en la lucha contra el juego clandestino, siendo que además ,  los protagonistas de estos hechos delictivos se suelen encontrar vinculados con otros delitos como el lavado de activos, la usura, la extorsión, posesión ilegal de armas, narcotráfico y la figura de la asociación ilícita, motivo por el cual la provincia ha comenzado a constituirse como querellante en las causas, respaldando el proceder de los fiscales y protegiendo la actividad del juego lícito cuyos  fondos son destinados a  los fines previstos en la ley, todos ellos de accion social y en un marco de cuidado de juego responsable.